En lo que llevamos del 2019 el tono de la discusión fiscal se ha mantenido bajo. Sin embargo, el proceso de ajuste fiscal aún está iniciando y quedan en el camino reformas estructurales importantes. Además, las necesidades de financiamiento del Gobierno son altas, por lo que la búsqueda de fuentes alternativas de fondeo es clave. En materia fiscal, el 2019 estará gobernado por dos tópicos: la reforma de Empleo Público y la emisión de bonos internacionales de Costa Rica (eurobonos).

Primero, el tema de los eurobonos está ligado con las necesidades de financiamiento del Gobierno y, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, estas necesidades representan 12,7% del PIB en 2019 (alrededor de US$7.500 millones) y 11,9% en 2020. Además, la Administración estima que, de aprobarse los eurobonos, las fuentes de financiamiento en el mercado interno serían 8,4% del PIB (alrededor de US$5.000 millones) para el 2019, lo que generaría presiones en el mercado y en las tasas de interés, principalmente durante el primer semestre.

En Aldesa prevemos que un escenario sin eurobonos puede generar riesgos en la gestión de deuda soberana, lo que hace necesario que tanto eurobonos como créditos de organismos multilaterales estén sobre la mesa de la negociación política. Por lo anterior, estimamos que la aprobación en el Congreso de los bonos internacionales estará condicionada a exigencias de los partidos políticos de oposición y, de acuerdo con nuestra perspectiva, una de las exigencias que puede generar impactos positivos en la confianza de los negocios e inversión es la reforma de Empleo Público, el segundo tema en importancia.

El Gobierno anunció que en marzo enviará al Congreso la reforma de Empleo Público. De momento no se tienen los detalles de dicha reforma, pero se espera una reorganización de los incentivos salariales y esquemas laborales del sector público no financiero. Según nuestro análisis, esta reforma se enfoca en efectos de largo plazo, por lo que no prevemos que reduzca el gasto en el corto plazo, aunque sí esperamos que impacte positivamente la confianza del sector privado. En consecuencia, de aprobarse la reforma de Empleo Público existiría la posibilidad de mejorar marginalmente nuestra perspectiva de crecimiento económico (actualmente en 2,3% para 2019).