El Gobierno implementará la reforma fiscal a partir de julio 2019, y al mismo tiempo tendrá que cubrir importantes necesidades de financiamiento. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la reforma fiscal totaliza un impacto de 3,7% del PIB a lo largo de 4 años, sin embargo, el impacto del 2019 será mínimo al solo contar con 6 meses de aplicación en materia de impuestos. Por otra parte, los efectos de gasto relacionados con el control de salarios ya se están aplicando, pero quizás uno de los más importantes, como es la regla fiscal de gasto, entrará en vigor hasta el 2020. En consecuencia, la reforma fiscal se caracteriza por ser gradual ante un 2019 de importantes necesidades de financiamiento, que Hacienda estima en US$7.673 millones.

A pesar de que la reforma fiscal es un buen primer paso en la dirección correcta, las fuentes de financiamiento a través de eurobonos, organismos internacionales y medidas adicionales de ajuste en el corto y largo plazo serán claves para asegurar el proceso de consolidación fiscal. De lo contrario, el Gobierno tendrá que buscar sus recursos en el mercado local, desencadenando dos efectos. El primero es que continúa presionando la tasa de interés de los bonos del Gobierno y, segundo, a medida que se recupera la demanda interna, estará estrujando el sector privado, afectando el crecimiento económico. De esta manera, esos dos efectos restan eficiencia a la reforma fiscal (ver: Costa Rica: La sostenibilidad de la deuda es algo de mediano plazo).

Destacamos dos puntos importantes: i) la reforma fiscal es un buen inicio al contar con medidas tanto de gasto como de ingresos; ii) es necesario que el Gobierno implemente medidas de corto plazo que mitiguen el gradualismo de la reforma. En ese sentido, con solo la reforma actual prevemos que la deuda se estabiliza hasta el año 2024-2025 con una deuda del 67% del PIB.