Las necesidades de financiamiento del Gobierno para el periodo 2019-2020 siguen siendo un reto para su flujo de caja. Si bien la reforma fiscal genera un impacto positivo en la confianza y consolidación fiscal, se espera que sus efectos sean de manera gradual. Para el 2019, la Administración estima las necesidades de financiamiento en 13,3% del PIB, para luego ir reduciendo gradualmente hasta 11,9% en 2023, producto de la disminución del déficit fiscal.

El escenario base del Gobierno asume la colocación de bonos en el mercado internacional (conocidos como eurobonos) por un monto de US$6.000 millones entre 2019 y 2023, colocando US$1.500 millones anualmente en los primeros dos años y luego US$1.000 en cada uno de los siguientes tres años. Desde nuestra perspectiva, los bonos pueden tener apetito en el mercado internacional, pero la Administración Alvarado tendrá que dar mensajes adicionales que generen más confianza en el proceso de ajuste fiscal.

La reforma fiscal actual representa 3,0-3,5% del PIB; sin embargo, nuestras estimaciones sugieren que el ajuste necesario debe ser 4,5% del PIB. Ante dicha situación, señales como la Ley de Empleo Público, la cancelación de las Letras de Tesoro y medidas de re ingeniería del gasto, pueden generar una mayor confianza sobre la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

Para aprobar la emisión de eurobonos es necesario contar con 38 votos en el Congreso, por lo que el proceso de negociación del Gobierno será clave. De alguna manera, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Acción Ciudadana (PAC), han estado al frente del proceso de ajuste fiscal, por lo que se esperaría que, en el caso de autorización de bonos internacionales, también estén sujetos a ciertas medidas de control de gasto. No obstante, los 38 votos aún no están del todo claro y el proyecto no se ha enviado a la Asamblea Legislativa.

En Aldesa consideramos que, de presentarse el escenario adverso, es decir, que no se autorice la emisión de eurobonos, el Gobierno se enfrentaría a dos alternativas. La primera, abrir nuevos contratos de colocación para poder captar recursos del exterior; y la segunda, acudir al mercado interno, ambos casos a tasas de interés más altas. Así, el mercado interno deberá absorber 11,4% del PIB de las necesidades de financiamiento en 2019, por lo que podría generar un efecto estrujamiento en el sector privado.

La velocidad del ajuste fiscal se ve perjudicado por un efecto de mayores tasas de interés y un menor crecimiento económico vía desaceleración en demanda interna. En reportes anteriores (ver: Costa Rica: Cuenta regresiva de la Sala IV y escenario fiscal), mostramos que bajo un escenario de crecimiento medio de 3,0% y tasas de interés nominales promedio de 8,0%, implica un ajuste fiscal necesario para estabilizar la deuda/PIB de 4,5%.

En resumen, la reforma fiscal es un gran paso en la dirección correcta, pero deben existir medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, la gestión de deuda será clave para administrar correctamente el flujo de caja, especialmente en el 2019 y 2020, donde las necesidades de financiamiento representan 13,3% y 12,0% del PIB, respectivamente.