La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este viernes en primer debate la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como reforma fiscal. De los 57 diputados presentes, 35 votaron a favor y 22 en contra. A partir de ahora, la reforma entra en una segunda fase que se compone en una consulta a instituciones públicas y la consulta a la Sala Constitucional.

La primera corresponde a una línea que debe seguir el Congreso para evitar vicios de procedimiento y la duración de esta es de 08 días hábiles. Por su parte, la resolución de la Sala se toma alrededor de un mes, una vez que al menos 10 diputados realicen la respectiva consulta. Dicho esto, se estima que la votación para el segundo debate se puede realizar en la mitad de noviembre, suponiendo que la Sala Constitucional no concluya que la reforma tenga vicios inconstitucionales.

Este último punto es el que genera mayores dudas tanto para el mercado local e internacional, debido a la experiencia de la reforma tributaria durante la Administración Chinchilla. Por ese motivo, prevemos que esta resolución es la nueva fuente de incertidumbre para el mercado, debido a que un rechazo de la reforma puede deteriorar aún más la confianza de los títulos del gobierno de Costa Rica, mientras que un resultado favorable le daría un respiro gradual al gobierno.

¿Es esta reforma la solución al problema fiscal?

El problema fiscal de Costa Rica es bastante complejo al tratarse no solo de tomar de medidas de ingreso y gastos, sino también en reformas instituciones que permitan asegurar una sostenibilidad de las finanzas públicas. No obstante, en informes anteriores hemos estimado que el ajuste necesario para estabilizar la razón deuda-PIB debe ser en 4,0% del PIB, mientras que la reforma fiscal más las medidas administrativas que ha tomado el gobierno representa 3,0% del PIB. Ante esa situación aún existe un faltante de 1 punto del PIB, pero a pesar de eso vemos este ajuste fiscal como una buena primera señal para el mercado. 

El punto anterior es transcendental debido a que el gobierno está en la necesidad de enviar señales positivas al mercado local e internacional. La perdida de credibilidad en los ajustes fiscales en el país y las medidas tomadas recientemente (emisión de letras del Tesoro) genera un mayor riesgo sobre los títulos del gobierno. En ese sentido, la reversión de expectativas de los inversionistas internos y externos es clave para que el gobierno logre de nuevo colocar con facilidad sus títulos en el mercado.

En términos cuantitativos, en Aldesa hemos proyectado los efectos en las cifras fiscales del ajuste que se puede llevar a cabo. De acuerdo con nuestras proyecciones, bajo un escenario con reforma los efectos de los ahorros financieros se comienzan a materializar hasta el año 2020, debido al tamaño de la deuda como proporción del PIB. Dicho esto, el gasto en intereses bajo un escenario con o sin reforma en el periodo 2018-2019 es similar en ambos casos manteniéndose en torno a 3,5-3,9% del PIB.

No obstante, en el balance fiscal (y balance primario) se empezarían a observar los primeros efectos, donde bajo un escenario con reforma estimamos que el déficit fiscal en 2019 será de 6,3% del PIB, mientras que sin reforma el déficit alcanzaría el 7,5% del PIB. Además, de aplicarse el ajuste fiscal estimamos que la razón deuda PIB continuará creciendo, pero a un ritmo significativamente menor si no se realiza ese ajuste.