El mercado tomó por sorpresa la noticia del préstamo del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de ¢498,8 mil millones al Ministerio de Hacienda a través de Letras del Tesoro.

Si bien no esperamos un impacto significativo en la inflación y la Ley Orgánica del BCCR no le permite comprar deuda del Gobierno por más de 20% del presupuesto de la República, la señal ante el mercado es negativa y genera mayor incertidumbre.

Esa medida muestra las necesidades de corto plazo que tiene el Gobierno para cubrir su flujo de caja, y además, prevemos que puede repercutir en una demanda por un mayor rendimiento de los inversionistas, tanto en el mercado local como internacional.

Dicho esto, si bien el Gobierno se vio en la necesidad de incurrir en este instrumento, tendrá un reto importante en revertir las expectativas de los agentes económicos para generar confianza en cuanto al programa de ajuste fiscal.

En el Congreso el avance de la reforma ha sido lento debido al proceso complicado de negociación política. Inicialmente, se esperaba que en agosto-setiembre la reforma podía estar aprobada en primer debate, pero ahora incluso se estima que se podría dar en las próximas cuatro semanas, aunque la evidencia muestra que las decisiones en el Congreso pueden cambiar en minutos. De momento los diputados discuten las mociones de reiteración con sesiones extraordinarias, lo que podría agilizar el trámite.

De aprobarse la reforma fiscal, se espera que su impacto, en conjunto con las medidas administrativas, esté cercano al 3,0% de PIB, dato que es menor al necesario para estabilizar la dinámica de la razón deuda-PIB.

Además, es importante destacar que el rol de las expectativas es clave en este proceso de ajuste fiscal, debido que si estas no se revierten la capacidad del Gobierno para colocar deuda, tanto a nivel local como internacional, estará limitada.

Al cierre de agosto, el déficit fiscal acumulado alcanzaba 3,7% del PIB, explicado por el aumento del gasto corriente y la disminución de los ingresos tributarios. De esta manera, la deuda se mantiene cerca al 50% del PIB, manteniéndose en una senda de insostenibilidad. Seguimos manteniendo nuestra proyección de un déficit fiscal de 7,0% del PIB al cierre del año, dejando la razón deuda-PIB en 54,0%.