Al cierre de julio, el déficit fiscal acumulado cerró en 3,3% del PIB, destacándose una menor recaudación tributaria con respecto a los últimos dos años y un gasto en intereses creciente. Para el cierre del 2018, mantenemos nuestra proyección de déficit fiscal en 7,0% del PIB, mientras que razón deuda-PIB la prevemos cercana al 54%.

Además de la publicación de las cifras fiscales, se han presentado dos eventos importantes: i) los avances de la reforma fiscal y ii) el cierre de la semana con la presentación del Plan de Endeudamiento del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y Ministerio de Hacienda para el segundo semestre del 2018.

La recaudación tributaria refleja la actividad económica

Los ingresos tributarios acumulados a julio registraron un crecimiento interanual de 2,5%, dato menor en 3,2 puntos porcentuales (p.p.) al que se reportó en julio 2017. En consecuencia, ese resultado deja la recaudación tributaria en 7,1% del PIB, dato inferior al 7,4% y 7,3% de julio 2017 y julio 2016, respectivamente, además refleja la desaceleración en la actividad económica, particularmente en aquellas actividades relacionadas con el gasto interno del país. Hacia adelante, prevemos que este será un determinante en el aumento de déficit fiscal y la deuda del Gobierno, por lo que deteriora aún más la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Intereses bajo una trayectoria insostenible

Por su parte, el gasto en intereses se ubicó en 1,9% del PIB, mientras que el promedio de los últimos 5 años fue 1,5% del PIB. El aumento de la razón deuda-PIB explica ese resultado, complementado de una coyuntura más adversa que ha producido que los títulos del Gobierno se coloquen en el mercado con un rendimiento mayor. Además, el perfil de la deuda se sigue deteriorando al aumentar el porcentaje de deuda en moneda extranjera y colocando más bonos en el corto plazo, producto de la demanda más pesimista de los inversionistas.

Una reforma en camino, pero erosionándose…

Ante el escenario pesimista de las finanzas públicas, la reforma fiscal ha tomado un paso más rápido en el congreso, pero con adversidades. Primero, el tono positivo en el congreso se dio con la aprobación del nuevo texto del proyecto de ley en la comisión especial. No obstante, cuando dio inicio la votación de las mociones, tomó por sorpresa que un diputado del Partido liberación Nacional (PLN) votara a favor de distintas exoneraciones, donde la más llamativa fue la exoneración a la canasta básica.

Las implicaciones que pueden tener esas medidas en términos de recaudación sobre el proyecto de ley son significativas, lo que produce una erosión a la reforma fiscal. Como respuesta a eso, la bancada del PLN se reunió con el Gobierno para buscar una solución a esas exoneraciones no esperadas dentro de la negociación.

La segunda etapa que tendrá el proyecto es que en las próximas semanas enviará al plenario para su discusión y en seis sesiones someter a votación el primer debate. Una vez hecho esto, se estaría enviando a consulta a la Sala Constitucional, donde la experiencia de la reforma fiscal durante la administración Chinchilla no fue positiva, sin embargo, la coyuntura actual es más adversa para sostener un nuevo rechazo del proyecto de ley.

En términos de impacto, se estima que la reforma fiscal represente el 1,9% del PIB, más las medidas administrativas de control de gasto en remuneraciones alcanzaría el 3,0% del PIB. Bajo ese escenario estimamos que la razón deuda-PIB no se estabiliza, pero sí da una buena señal al mercado y permitiría corregir en gran medida el problema fiscal. Sin embargo, con las nuevas exoneraciones el 1,9% de ajuste que tiene la reforma, se debe reestimar y le restaría eficiencia al proyecto, lo que a su vez impactaría negativamente las expectativas del mercado. Según nuestras estimaciones, el ajuste fiscal necesario debe ser al menos 3,8% del PIB, dicho de otra manera, la reforma fiscal más otras medidas deben sumar ese porcentaje para estabilizar la razón deuda-PIB.

La meta del Ministerio de Hacienda: captar ¢2 billones durante el segundo semestre

El ente y el BCCR presentaron el plan de endeudamiento para el segundo semestre del año. De acuerdo a nuestro análisis, destacan dos puntos: 1) BCCR y el Ministerio de Hacienda muestran signos de coordinación en sus políticas de deuda, como respuesta a la dominancia fiscal actual, por lo que el Emisor se mantendrá al lado parcialmente en sus emisiones y le dejará el terreno a la Tesorería Nacional; 2) El Ministerio de Hacienda espera captar ¢2,0 billones en el segundo semestre, dando una clara señal de necesidad de recursos para cubrir el flujo de caja del Gobierno.

En las últimas presentaciones, el monto máximo de meta de captación fue de ¢1,2 billones, por lo que la meta de este semestre no deja de ser optimista. De momento han logrado captar un 20% de la meta, además la estrategia de captación del BCCR, consiste en captar ¢25 mil millones y pagar vencimientos por ¢140 mil millones. Eso como resultado implicaría una inyección de liquidez que el mercado podría utilizar para comprar bonos del Gobierno.

Ante esa situación, en gran medida la estrategia de la Tesorería está condicionada a los avances de la reforma fiscal. Es decir, bajo un escenario con la reforma pero sin erosiones adicionales el mercado, estaría más optimista y con mayor confianza para la compra de titulos del gobierno. Por otra parte, si se aprueba la reforma fiscal pero con más exoneraciones y medidas que limiten el impacto, el mercado tendrá más cautela y no se sentirá tan optimista para captar los recursos del Ministerio de Hacienda. Ese último escenario o una no aprobación de la reforma, pondría con dificultad a la Tesorería para lograr la meta del semestre.