La  economía costarricense llega al 2017 con un desempeño positivo en los principales indicadores durante el 2016 y a las puertas de un año electoral que traerá de nuevo las  alternativas políticas a la discusión nacional.

Independientemente de esas opciones, es clave identificar que entre los  mayores riesgos de nuestra economía aparece el déficit fiscal como uno de los principales temas, que exige acciones concretas para mantener finanzas públicas sanas y sostenibles en el largo plazo.

Según las últimas proyecciones del Banco Central de Costa Rica, que fueron mejoradas, el déficit podría alcanzar el 6.6% del PIB en el 2017, lo cual sumado a la creciente deuda pública y carga de esta en el presupuesto, ponen una hoja de ruta donde deben darse soluciones claras al problema fiscal.

Asegurarse de que el próximo gobierno impulsará recaudar de mejor forma los impuestos y tendrá un control responsable sobre el gasto es un tema que debe ser parte central en la discusión electoral, ya que si bien es cierto, el presente gobierno ha hecho esfuerzos, tanto por la vía de mayor recaudación y reducción de los gastos, es probable que sin medidas más contundentes se comprometa el riesgo país en el largo plazo y, con ello, los efectos negativos que traería sobre el crecimiento económico y medidas más drásticas que aún pueden evitarse.

En medio de un escenario global caracterizado por movimientos políticos populistas de todos los espectros ideológicos, las finanzas públicas deben ser no solo el principal desafío a resolver, sino un tema que exige soluciones concretas, más en momentos donde el panorama internacional vislumbra posibles costos al alza del financiamiento, lo que puede complicar el manejo de la deuda actual y de las futuras obligaciones.